Por Hernán Hochschild
[1º de diciembre de 2002, a 21 años de la aprobación de la ley]

En 1970, Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre. Hoy, Zambia ha disminuido su producción a 312.000 toneladas; mientras la de Chile llega a las 4.750.000 toneladas. Estas contrastantes trayectorias no han sido originadas por la calidad del mineral, ya que Zambia, incluso tiene ventajas comparativas en ese aspecto. La diferencia crucial ha estado en las reglas del juego y en las instituciones que ambos países se dieron.

Siempre se ha dicho que Chile es un país rico en recursos naturales. Pero sin las políticas públicas que permitan aprovecharlos, poseerlos o no poseerlos, no tiene relevancia. Con legítimo orgullo, podemos afirmar que hoy Chile es el principal país minero del mundo. Y si hubo un hito decisivo en el destino de la minería privada chilena, éste fue la aprobación, el 1° de diciembre de 1981, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Las circunstancias políticas y culturales de entonces, eran muy poco auspiciosas para el desarrollo de la minería. En 1971, el Congreso, por unanimidad, había modificado la Constitución para hacer posible la estatización de las empresas de la Gran Minería, debilitando gravemente la fórmula tradicional de propiedad minera. Nueve años más tarde, bajo un gobierno radicalmente distinto en ideas y principios, los mineros esperábamos volver a ser propietarios. Pero, horas antes de convocarse a la ciudadanía a un plebiscito para pronunciarse sobre la Constitución de 1980, los artículos relacionados con la propiedad minera fueron modificados, incorporándose un texto que reproducía casi al pie de la letra frases de la reforma promulgada durante la Unidad Popular.

Fuimos muchos los que pensamos entonces que la riqueza minera de Chile había sido cerrada para siempre, poniendo con ello un fuerte freno a nuestras posibilidades de desarrollo. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1980, el Presidente de la República, nombró Ministro de Minería a José Piñera, quien, tras realizar dos importantes modernizaciones -el Plan Laboral y la creación del sistema de AFP- asumió este desafío. De inmediato el nuevo Ministro conformó un equipo con el economista Rodrigo Alamos, el ingeniero Hernán Büchi y el abogado Arturo Marín, quienes comenzaron a trabajar en una tarea que muchos pensaban era imposible. Tras arduas etapas, se diseñó una Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, la primera de este rango, que en plena armonía con la Carta Fundamental, recogió todos los aspectos económicos y jurídicos que necesitaba la minería para su desarrollo. A 21 años de la promulgación de la Ley Constitucional Minera, y como un aporte especial a Chile y a todos los países del mundo con recursos mineros potenciales, la Sociedad Nacional de Minería ha querido reeditar este libro, que permite comprender sus fundamentos conceptuales y su historia, así como los documentos más importantes de este proceso.

Sin los textos que están en sus manos, la minería privada no hubiese existido y Chile sería muy distinto. Por eso, hemos querido editarlos como textos históricos. La industria minera ha generado múltiples polos de desarrollo y encadenamientos productivos, gracias a lo cual se han creado puestos de trabajo estables y bien remunerados, se han transferido tecnologías y modelos de gestión, y se han dinamizado industrias como las de energía, construcción, transportes, puertos, provisión de agua, entre otras, dando así nueva vida a muchas ciudades y pueblos del norte del país. En estos 20 años, la inversión directa en minería ha alcanzado los 16.000 millones de dólares. Sin ella, la economía de nuestro país sería 20 por ciento más pequeña.

(Hernán Hochschild es Presidente de la Sociedad Nacional de Minería)