ANTE UN DEBER DE CONCIENCIA Santiago, 15 de diciembre de 1978
(Publicado como Inserción en El Mercurio del Domingo17 de diciembre de 1978)
La Jerarquía de la Iglesia Católica chilena ha abordado últimamente diversos temas de orden político, económico y social que interesan especialmente a la ciudadanía. Preocupa advertir que el contenido no siempre claro de algunos de esos documentos, ha acentuado un grave proceso de desorientación en diversos sectores católicos. En efecto, observamos que numerosos católicos, en parte por desconocimiento de las normas que regulan el Magisterio de la Iglesia tienden, como consecuencia de lo expuesto, a alejarse de ésta, del culto y de la vida sacramental. Frente a dicha realidad y cumpliendo con el papel relevante que el Concilio Vaticano II asigna a los laicos dentro de la Iglesia, nos sentimos en el derecho y en el deber de formular las consideraciones que siguen: 1.- Acatamos plenamente el derecho de la jerarquía eclesiástica a ejercer su magisterio sobre materias de la fe y moral, y el deber de los católicos de someterse a él, aun cuando se trate del magisterio simplemente ordinario y, por tanto, no infalible. Destacamos, asimismo, el derecho de la Iglesia, al abarcar el campo moral, de precisar las definiciones y normas que deben regular la conducta de las personas y el ordenamiento de la sociedad. Si bien la misión propia de la Iglesia es de orden sobrenatural y ha de buscar la salvación de las almas, el hecho de que esa salvación dependa de la forma en que el hombre actúa en el orden temporal, hace necesario que la moral imponga exigencias respecto a su pensamiento y a sus acciones, como también acerca de las instituciones en las cuales se desenvuelve el actuar humano. 2.- Al mismo tiempo, la enseñanza de la Iglesia es muy precisa al establecer que el ejercicio de su magisterio no podría coartar ni el pensamiento ni la actuación de los fieles en materias de libre opinión, en cuanto éstas no comprometen los principios de la fe o de la moral. Entre tales materias, subrayamos como de especial importancia todo lo concerniente a las diversas opciones prudenciales de la política contingente, esfera en la cual los católicos tienen la más amplia libertad para actuar y disentir. De igual trascendencia es el ejercicio de las distintas ciencias, artes o técnicas que confluyen en el enfoque de los problemas políticos, económicos y sociales, conforme a la legítima autonomía propia del saber natural. La urgencia de buscar el progreso espiritual y material de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, y especialmente de los más desamparados, constituye un ineludible deber y un común anhelo que, sin embargo, no puede desconocer la legítima diversidad de los caminos a través de los cuales los católicos lo busquen, dentro de los ámbitos recién enunciados. 3.- A nuestro parecer, algunos de los documentos de la jerarquía eclesiástica chilena no distinguen con suficiente claridad lo anteriormente expresado, mezclándose a veces juicios morales propios del magisterio con apreciaciones político-contingentes ajenas a él. En otros casos, si bien tal distinción se ha formulado –como ocurrió en la última Asamblea de la Conferencia Episcopal verificada en Puerto Montt—resulta innegable que para muchos católicos la diferencia tiende a pasar inadvertida. Este hecho deja muy de manifiesto lo delicada que es la intervención de la jerarquía eclesiástica en materias respecto de las cuales carece de autoridad para obligar a los fieles, aunque tales planteamientos se les presenten como “material auxiliar”. 4.- Circunstancia agravante de lo anterior, es la directa y abierta acción política contingente en que incurren no pocos eclesiásticos, conducta tanto más perturbadora cuanto que, si ya es difícil para los laicos entender el desdoblamiento que se produce cuando un sacerdote o autoridad eclesiástica deja de actuar en su carácter de tal y pasa a hacerlo como simple ciudadano, aparece aún más problemática la distinción si quienes así proceden, invocan su cargo o función eclesiástica y utilizan los organismos de la Iglesia para dichas actuaciones. A lo anterior se añade la tesis postulada últimamente por algunos hombres de Iglesia en el sentido de que, por estar ella “comprometida con el hombre en su integridad”, debe desarrollar “lares de suplencia” cuando otras instituciones de la vida social no quieren o no pueden llevarlas a cabo. Al no situar ese compromiso y dicha suplencia en los marcos y límites en que podrían proceder legítimamente, se corre el riesgo de otorgar fundamento supuestamente doctrinal a actuaciones o criterios que desnaturalizan la verdadera misión de la Iglesia. La historia enseña, en forma invariable, que si la Iglesia confunde su acción con la de un partido o grupo político, o si se identifica con un determinado sistema o régimen de Gobierno, se producen dolorosas divisiones en su seno y se estimulan hostilidades en su contra, con el consiguiente daño para toda la sociedad. Tal como lo acaba de recordar S.S. Juan Pablo II, “la Iglesia no está de ninguna manera confundida con la comunidad política, ni vinculada a ningún sistema político”. 5.-Aplicando los principios señalados, nos parece conveniente precisar nuestra firme convicción de que nada hay contrario a la doctrina o a la moral católicas en la orientación que inspira el contenido y forma de llevar a cabo el proceso de creación de una nueva institucionalidad para nuestro país, planteado por el Supremo Gobierno. Tampoco lo hay en el contenido fundamental de la estrategia de desarrollo social y económico que el Supremo Gobierno impulsa, basada en el respeto de los organismos sociales intermedios, de la propiedad privada, de la iniciativa de los particulares y del rol subsidiario del Estado dentro del quehacer económico, colocados al servicio del progreso integral del ser humano. La compatibilidad entre la doctrina de la Iglesia y la posición del Gobierno en estas materias, nos permiten destacar el pleno derecho de los católicos que así lo deseen, para adherir a tales criterios, de tanta trascendencia en nuestro futuro político, social y económico. 6.- Formulamos estas declaraciones movidos por un deber de conciencia, el cual nos impulsa a hacer un llamado a que todos los católicos permanezcamos activamente fieles a la Iglesia y a su magisterio, por encima de las debilidades de cualesquiera de quienes la integramos, ya que ninguna falla humana primará sobre el carácter divino de su origen y superior conducción. Es doloroso que alguien se aleje del culto religioso y de la vida sacramental, pues debe siempre tenerse presente que el valor sobrenatural que les es propio, trasciende las posibles debilidades humanas de los miembros de la Iglesia, cualquiera que sea su calidad o investidura. Nuestro llamado se extiende, asimismo, a ejercer con plena libertad de conciencia el derecho a disentir de las posiciones de mera política contingente que pueden entremezclarse con el magisterio de la Iglesia. Precaver contra la errónea idea de que la jerarquía tiene tuición legítima y obligatoria en materias de libre opinión para los católicos, contribuirá a prevenir el retorno a un clericalismo ya superado en nuestro país.
Julio Philippi, ex Ministro de Estado
Click en la imagen para descargar declaración original publicada en El Mercurio.
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